El Concejo Municipal de Villa Constitución aprobó por unanimidad un proyecto presentado por Gonzalo Cristini, Mariel Lapontgé y Diego Martín que consiste en un pedido de informes con un cuestionamiento sobre el “ahorro” que ostenta la obra social provincial como contracara de las enormes dificultades que tuvieron los afiliados y las afiliadas para acceder a su derecho a la salud.
Los ediles del Bloque Socialista habían presentado un proyecto de Minuta de Comunicación en el que solicitaban información detallada sobre las acciones de IAPOS derivadas de un decreto provincial, además de convocar a las asociaciones profesionales vinculadas con la obra social provincial (médicos, odontólogos, bioquímicos) para abordar la problemática de manera integral. La propuesta surgió como consecuencia de las dificultades denunciadas por afiliados y afiliadas a IAPOS para acceder a medicamentos y prestaciones.
“Durante el 2020, IAPOS presentó varias irregularidades en sus servicios, algo que se visibilizó en los reclamos de los afiliados por no poder contar con prestaciones, medicamentos, prácticas médicas, estudios o tratamientos”, señalaron los concejales Cristini, Lapontgé y Martín.
Durante su intervención en la sesión donde se presentó este proyecto, Lapontgé indicó que, en base esta situación, “hubo innumerables apelaciones y recursos de amparos que tuvieron que hacer los afiliados, al tiempo que no obtenían respuestas porque las oficinas de IAPOS estaban cerradas por la pandemia de coronavirus”. Así, el afiliado “tuvo que responder de manera particular, de su bolsillo, las prácticas y los medicamentos que no incluían la contribución de IAPOS”, observó.
Mencionó que también los efectores de salud pública pudieron dar respuesta a esta demanda e incluso el gobierno local asistió en algunos casos a estas personas. “Estas situaciones fueron muy complejas desde el 2020 y lo siguen siendo hasta el día de hoy”, apuntó la concejala socialista.
En paralelo, reclamó que se cumpla el derecho de la atención de los afiliados de IAPOS, “que puedan elegir el lugar donde atenderse y recibir la contribución en los medicamentos, ya que se han achicado un montón el vademécum y los descuentos”.
Por otra parte, remarcó que “se llevó a un número muy elevado la cantidad de bonos que exigen determinadas prestaciones”. Por ejemplo, para una placa radiográfica, que hasta el 2020 requería 6 bonos, hoy en día se necesitan 20 bonos.
En ese contexto, los ediles expresaron su sorpresa por el contenido del Decreto 640/21, del pasado 18 de mayo, donde se refleja un superávit de más de 686 millones de pesos en la obra social provincial. “Esto no resiste ningún parámetro de análisis: mientras el decreto anuncia un superávit, un ahorro, una ganancia, estamos verificando restricciones y quita de beneficios y derechos a los afiliados y las afiliadas”, lamentaron.
Los concejales añadieron que “se pone de manifiesto la sospecha de algunas irregularidades en el manejo de los fondos públicos a favor de las empresas privadas”, ya que “en todo el 2020 tomaron curso determinadas contrataciones en IAPOS con empresas de salud privadas con convenio, como por ejemplo el Grupo Tita, de Rafaela”.
“La garantía de la atención y la libre elección quedan relegadas a estos convenios que se describen en el decreto y que no hacen más que expresar un recorte en el servicio y atentar contra el derecho a la salud”, subrayó Lapontgé, quien reiteró que –junto a los ediles Cristini y Martín– solicitan al gobernador Omar Perotti un informe detallado respecto a este decreto.
“Desde nuestro lugar legislativo no podemos subestimar el miedo y la incertidumbre de los trabajadores públicos y otros que son los beneficiarios que están incluidos en esta obra social”, puntualizó la concejala, para luego advertir que “hay un sector del gobierno provincial que tiene muy en claro cuál es el caminito que hay que hacer para llegar de lo público a lo privado… y los santafesinos y las santafesinas tenemos memoria”.